El CNM presuntamente ha dado de baja a estudiantes de manera inconstitucional por años

Mi proceso académico en el Conservatorio Nacional de Música: una lucha por el debido proceso, la salud mental y los derechos estudiantiles.

Durante los últimos meses he atravesado un proceso académico y administrativo dentro del Conservatorio Nacional de Música que ha representado uno de los momentos más difíciles de mi trayectoria como estudiante, músico y persona.

Mi situación no puede entenderse únicamente desde un expediente académico o desde un número de asistencias. Detrás de este proceso existe una historia personal marcada por problemas de salud mental que la institución conocía desde tiempo atrás. Desde 2024 he enfrentado episodios de depresión y una situación de vulnerabilidad emocional, psicológica y económica que impactó directamente mi desempeño académico.

Derivado de la determinación administrativa de baja definitiva, mi salud se vio afectada de manera profunda, llegando a atravesar una crisis que incluyó intentos de suicidio. Esta situación fue comunicada y documentada mediante evidencia médica y psicológica entregada a la institución. Mi cuestionamiento principal es que, pese a tener conocimiento de estas circunstancias, considero que no existió un análisis suficiente desde una perspectiva humana y de derechos humanos sobre mi caso particular.

Es importante señalar que nunca he negado mis responsabilidades académicas. Soy consciente de mi trayectoria, de los retrasos que he tenido y de la necesidad de cumplir con las obligaciones que implica estudiar una carrera profesional de música. Sé que debo estudiar, prepararme y responder ante mi formación artística. Sin embargo, también considero que una institución educativa pública tiene la responsabilidad de analizar cada situación individualmente, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar la trayectoria de un estudiante.

Ante la determinación de baja, presenté un escrito de inconformidad acompañado de documentación académica, médica, psicológica, laboral e institucional, incluyendo un informe cronológico de mi situación y evidencia relacionada con las inasistencias. Mi intención no era evadir responsabilidades, sino solicitar que mi caso fuera revisado bajo principios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.

Uno de los puntos centrales de mi inconformidad fue que la determinación sobre mi esfera jurídico-académica (o sea mi situación como alumno) se realizó sin que existiera una audiencia previa en la que pudiera exponer mi situación antes de afectar mi permanencia escolar. Considero que esto plantea una discusión importante sobre la aplicación del debido proceso dentro de una institución pública de educación artística.

Los artículos 3°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen principios relacionados con el derecho a la educación, la seguridad jurídica, la legalidad y la obligación de que los actos de autoridad estén debidamente fundamentados y motivados. Desde mi perspectiva, estos principios deben aplicarse también dentro de los espacios educativos públicos, especialmente cuando las decisiones administrativas tienen consecuencias determinantes en la vida académica de una persona.

El 29 de junio de 2026 tuve una audiencia ante el H. Consejo Académico del Conservatorio Nacional de Música, acompañado por representación jurídica, camaradas de la Facultad de Derecho que han acompañado previamente a la SECNM en asesorías legales y procesos jurídicos. En dicha reunión pude exponer mi situación, explicar mi contexto médico, académico y personal, así como presentar los argumentos relacionados con la falta de audiencia previa y la necesidad de una revisión integral del caso.

Finalmente, el Consejo Académico emitió una resolución el 8 de julio de 2026, en la cual confirmó la determinación administrativa previa, pero estableció una fecha extraordinaria para la presentación de mi examen público de piano. Reconozco que esta posibilidad permite continuar mi proceso académico, aunque considero que la discusión de fondo sobre el debido proceso y la atención a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad continúa siendo necesaria.

Mi caso también forma parte de una experiencia más amplia como estudiante que ha participado en procesos de organización estudiantil y defensa de derechos humanos dentro del Conservatorio Nacional de Música. Desde marzo de 2025 dejé de ocupar cualquier cargo formal dentro de la representación estudiantil, por lo que las decisiones relacionadas con mi trayectoria actual no deben interpretarse únicamente desde una posición institucional o política previa.

Durante mi participación estudiantil he defendido la importancia de que las voces de los estudiantes sean escuchadas, de que existan espacios seguros y de que las instituciones educativas sean capaces de acompañar a quienes atraviesan dificultades.

Mi participación política y social también ha estado vinculada con una perspectiva interseccional y con la causa Pro-Palestina y en favor de los derechos humanos. Dentro de ese contexto, durante el ciclo escolar 2025-2026 ocurrió un incidente relacionado con una bandera palestina colocada como expresión de solidaridad, la cual fue retirada sin autorización. Este hecho generó preocupación entre integrantes de la comunidad estudiantil respecto a la libertad de expresión y la posibilidad de manifestar posturas sociales dentro de un espacio educativo.

También he expresado preocupación por prácticas institucionales relacionadas con procesos de baja y permanencia estudiantil. Como integrante de la comunidad he conocido casos en los que estudiantes han señalado no haber tenido espacios suficientes de escucha o audiencia antes de decisiones que afectaron sus trayectorias académicas. Considero que cualquier institución pública debe garantizar procesos transparentes, individuales y respetuosos de los derechos humanos.

Las y los docentes del Conservatorio Nacional de Música, como servidores públicos, cuentan con derechos, pero también con obligaciones derivadas de su función. Quienes participan en espacios académicos y administrativos tienen la responsabilidad de actuar bajo principios de imparcialidad, legalidad y respeto hacia las personas estudiantes.

He escuchado expresiones y calificativos hacia mi persona como «dictador», «revoltoso», «comunista», «rebelde» y «chairo». Sobre esto quiero decir algo con claridad: mi identidad política no debería ser motivo de descalificación dentro de una institución educativa. Sí, soy comunista, y para mí no representa un insulto; representa una convicción relacionada con la búsqueda de una sociedad más justa y con mejores condiciones para quienes históricamente han sido vulnerados.

Presuntamente las academias, coaccionando con los órganos colegiados, han actuado perjudicando de manera permanente carreras de jóvenes artistas. Mis convicciones políticas, a comparación de las intenciones previamente mencionadas, no tienen como objetivo perjudicar carreras de jóvenes estudiantes de arte ni imponer intereses personales. Al contrario, mi lucha ha estado enfocada en defender que las instituciones educativas sean espacios donde todas las personas puedan desarrollarse con dignidad y sean espacios que protejan a estudiantes en situaciones vulnerables, mejorando las condiciones generales de la escuela.

He logrado enfrentar procesos administrativos complejos y abrir espacios de diálogo que antes parecían cerrados. Pero esta experiencia también me recuerda que la defensa de derechos requiere constancia, organización y responsabilidad.

Esta es una invitación formal a que asistan a mi examen público, que se llevará a cabo el 6 de agosto en la Sala 34 «Alfredo Bablot» del Conservatorio Nacional de Música, a las 12:00 p.m. Después de que, por sus procesos infundados, casi decido quitarme la vida, y destruir toda mi carrera. No prometo darles un recital de calidad, pero sí uno que demuestre que a pesar de sus atropellos como servidores públicos, la convicción puede más, porque yo daría la vida por mi convicción política, y esa es la diferencia que tengo con esos órganos colegiados: mi convicción no se basa en aspiraciones personales, sino en la lucha colectiva. Yo no soy una excepción, soy parte de una violencia institucional frecuente que se realiza en los espacios de educación pública. Me dieron un mes, después de haberme quitado dos para poder estudiar.

Pueden poner en los comentarios a quién más han dado de baja sin audiencia previa, a quién más han atropellado las instituciones y las academias rancias.